Con el respaldo de los partidos del Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez está llevando a cabo una investigación exhaustiva para rastrear las claves de acceso utilizadas por funcionarios federales para obtener y difundir información fiscal confidencial de la aspirante presidencial. La intención es proceder penalmente contra aquellos involucrados en la violación de la privacidad, según informó Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del PAN.
Terrazas expresó su consternación por la actitud del Presidente, al señalar que su desconocimiento sobre las leyes fiscales resulta lamentable y expone a sus colaboradores a posibles sanciones penales por delitos graves.
El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece claramente que el personal oficial debe mantener la absoluta reserva en cuanto a las declaraciones y datos proporcionados por los contribuyentes y terceros relacionados, así como los obtenidos durante el ejercicio de sus facultades de comprobación.
Adicionalmente, el artículo 97 establece que si un funcionario o empleado público comete o participa en la comisión de un delito fiscal, se enfrentará a una pena de tres a seis años de prisión.
La senadora explicó que el Presidente no ha respetado la reserva y tampoco aquellos que le proporcionaron la información confidencial sobre ella. Esto podría ser motivo de acción penal conforme al artículo 114-A del mismo código, que sanciona con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenace de cualquier manera a un contribuyente o sus representantes con presentar denuncias improcedentes.
El artículo 114-B del código también advierte sobre sanciones de uno a seis años de prisión para aquellos funcionarios que revelen información financiera proporcionada por instituciones del sistema financiero a las autoridades fiscales, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69.
Ante estos hechos, la senadora Xóchitl Gálvez, con el apoyo de los partidos PAN, PRI y PRD, está preparando denuncias penales contra el presidente López Obrador, así como contra los titulares de la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y todos aquellos que resulten responsables de la filtración y difusión indebida de información fiscal.
“Las claves de acceso pueden ser rastreadas”, afirmó la senadora, dejando en claro su determinación de llevar a los responsables ante la justicia.
