La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ratificado la decisión de reducir en un 25 por ciento el financiamiento asignado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir de julio de 2023. Esta medida fue impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a su vinculación con el escándalo conocido como Operación Safiro.
El caso Operación Safiro está relacionado con el desvío de recursos públicos del estado de Chihuahua, los cuales fueron utilizados para financiar las campañas del PRI durante las elecciones de 2015. Estas acciones, en su momento, habrían beneficiado a varios actores políticos vinculados al partido.
La Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-RAP-121/2023, ha dictaminado de forma unánime que los argumentos presentados por el PRI para revocar la aplicación de la multa son infundados e inoperantes.
En el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/01978/2023, suscrito por el encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, se notificó al PRI sobre los montos del financiamiento para julio de 2023. En este documento, se detallan las deducciones aplicadas debido a las multas y sanciones impuestas, incluyendo la reducción del 25 por ciento por el caso Operación Safiro.
El PRI había solicitado retrasar la aplicación de la multa y proponía un nuevo parámetro para calcular el requerimiento económico impuesto. Sin embargo, la ponencia del magistrado Indalfer Infante argumentó que el monto de financiamiento utilizado por el INE para calcular la sanción al PRI fue el correcto y que no era válido utilizar otro parámetro basado en la existencia de otras multas.
El magistrado Infante recalcó que, independientemente del pago de las multas impuestas, el partido político debe seguir cumpliendo con todas las obligaciones y respetar las prohibiciones establecidas por la legislación aplicable.
Además, se declararon inoperantes los argumentos del PRI para evitar el cobro de la multa en julio, ya que esta ya ha sido ejecutada y no es posible retroceder en el cobro realizado. Los recursos provenientes de la Hacienda Pública federal tienen un destino específico que no puede ser modificado por orden del TEPJF.
