Un año después de la divulgación del informe impactante de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en relación al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, las familias de los jóvenes siguen buscando respuestas y acciones concretas. El informe, presentado el 18 de agosto de 2022 por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, concluyó que el crimen fue un acto de Estado y declaró a los estudiantes como fallecidos.
El informe, que tuvo lugar en un evento con la presencia de altas autoridades estatales, padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generó controversia debido a su presentación. Carlos Beristáin, uno de los miembros del GIEI, expresó en entrevista con EFE que la manera en que se presentó el reporte fue inapropiada, ya que convocaron a los familiares antes de que las autoridades les proporcionaran los detalles del contenido en privado.
Aunque tanto las familias como los expertos independientes y organizaciones sociales reconocieron avances en el informe, como la aceptación del ataque y desaparición como un crimen de Estado, también se destacaron inconsistencias. El documento de la Covaj contenía información que luego fue considerada falsa después de un peritaje externo solicitado por el GIEI, que reveló al menos 181 inconsistencias.
En octubre de 2022, el GIEI determinó que no se podía garantizar la autenticidad de los mensajes de los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) liberó 83 órdenes de detención a militares un día después de la presentación del informe, más tarde canceló al menos 21 de ellas, lo que generó confusión entre las familias.
Estos eventos provocaron una crisis en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR y la salida del fiscal especializado, Omar Gómez Trejo.
A lo largo de este año, las familias enfrentaron un panorama complicado debido a la controversia en torno al informe y a la partida del GIEI del país debido a limitaciones en sus investigaciones. La incertidumbre sobre el paradero de los estudiantes sigue siendo una gran preocupación. El último informe del GIEI, presentado en julio, confirmó la participación del Ejército y la Marina en los hechos y la existencia de mecanismos de vigilancia a los estudiantes.
Para las familias y el GIEI, la gran incógnita continúa siendo dónde están los estudiantes. Los padres han hecho un llamado público para que el próximo informe de la Covaj refleje las investigaciones y conclusiones establecidas por el GIEI.
A pesar de los desafíos y la falta de respuestas concretas, las familias siguen en busca de justicia y verdad para sus hijos desaparecidos. “No vamos a descansar, vamos a seguir”, afirmó María Concepción, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.
