Expertos en derechos humanos presentaron sus preocupaciones ante la ONU sobre el creciente número de desapariciones forzadas en México y la persistente impunidad que rodea estos crímenes. Durante un diálogo público entre México y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), se destacó la gravedad de la situación en el país, que ahora registra más de 111,000 personas desaparecidas.
El experto Horacio Ravenna expresó inquietud sobre el censo realizado por el Gobierno Federal, que ha sido criticado por organizaciones locales por ser revictimizante y posiblemente manipulativo con fines políticos.
Ravenna también señaló que las desapariciones forzadas continúan aumentando en México y subrayó la crisis forense, con más de 52,000 restos humanos sin identificar en las fiscalías. Afirmó que los esfuerzos gubernamentales hasta la fecha no han dado resultados satisfactorios y que es necesario investigar las acciones y omisiones de los funcionarios involucrados.
El experto Juan Pablo Albán Alencastro resaltó un alarmante índice de impunidad superior al 80% en casos de desaparición forzada y destacó la escasa cantidad de causas penales y sentencias. Además, subrayó la falta de recursos y presupuesto para las labores de investigación y búsqueda, así como los riesgos enfrentados por defensores, familiares y funcionarios involucrados en estas actividades.
Alencastro cuestionó por qué solo el 45% de las jornadas de búsqueda desde 2019 han sido coordinadas entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las fiscalías, a pesar de la necesidad de una colaboración constante.
También planteó interrogantes sobre el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que debía haber comenzado a operar en 2019 según la ley, pero aún no está en funcionamiento.
La experta Carmen Rosa Villa subrayó la inseguridad en México y cuestionó las medidas implementadas para abordar esta problemática y proteger a los funcionarios involucrados en las labores relacionadas con las desapariciones.
En respuesta a estas preocupaciones, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), defendió el censo del gobierno federal, afirmando que se han encontrado personas con vida.
En la sesión, la CNB compareció a través de su encargado de despacho tras la renuncia de Karla Quintana como su titular, en medio de controversias relacionadas con el censo.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que el BNDF ya está en funcionamiento desde el 29 de mayo de este año, a pesar de denuncias de que aún no opera correctamente.
En última instancia, la FGR explicó que ha abierto solo 28 causas, ya que estas corresponden exclusivamente a la Fiscalía Especializada y no a nivel nacional. Argumentó que estas cifras no pueden compararse con los más de 111,000 desaparecidos, ya que solo cuentan con 1,834 carpetas de investigación para 2,968 víctimas.
La sesión de la ONU también examinará la situación en Mauritania, los Países Bajos y Nigeria. Continuarán los diálogos públicos con México el jueves. Además de las revisiones de los países, el Comité adoptará una guía autorizada para resaltar la responsabilidad de los Estados en la protección de los migrantes contra desapariciones forzadas durante su ruta migratoria.
En 2021, el Comité visitó México y emitió un informe que destacó altos niveles de impunidad y señaló al crimen organizado y a los servidores públicos como los principales perpetradores de desapariciones forzadas en el país. También advirtió sobre la crisis forense con más de 52,000 restos sin identificar.
