La escalada de violencia y el control territorial por parte del Cártel de Sinaloa y el CJNG en Chiapas han dejado a la población local atrapada en medio de un conflicto mortal. En al menos ocho municipios de las zonas fronteriza y sierra, los habitantes se ven forzados a participar en enfrentamientos, establecer retenes y demostrar lealtad a las organizaciones delictivas, bajo amenazas y coerción.
Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir, donde residen aproximadamente 280 mil personas, han quedado virtualmente sitiados desde principios de septiembre. La población se ve impedida de salir de sus hogares a menos que colaboren en los operativos tanto del CJNG como del Cártel de Sinaloa.
El pasado sábado, en el cruce conocido como Chamic, un convoy de camionetas armadas, presuntamente vinculadas a la organización sinaloense, desfiló ante cientos de residentes que fueron obligados a aplaudir su presencia en filas a lo largo de la carretera.
Simultáneamente, en las cabeceras municipales de Motozintla, Siltepec y Frontera Comalapa, los cárteles sacaron a los hombres de sus hogares y los llevaron a las plazas centrales. Algunos de ellos fueron armados y reclutados para unirse a los comandos que patrullan calles y carreteras, mientras que otros fueron destinados a los retenes para bloquear el paso de grupos delictivos rivales.
Los testimonios sobre estos hechos provienen de habitantes locales que han compartido videos y mensajes en redes sociales. Además, los narcotraficantes difunden videos diseñados para infundir terror, que incluyen escenas de asesinatos de civiles.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, el pasado sábado, las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y la de Tapachula hicieron públicas cartas en las que cuestionan la actuación de las autoridades y subrayan la gravedad de la situación.
“En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas, estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, explicaron los religiosos, cuyos feligreses viven en las regiones en disputa entre los cárteles.
En su comunicado titulado “CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO”, acusan la omisión del Estado y hacen un llamado a la comunidad internacional para visibilizar la situación de violencia en Chiapas, instando a las autoridades correspondientes a brindar seguridad al pueblo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) también emitió un comunicado dirigido al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, expresando su preocupación por la creciente inseguridad y violencia en los municipios fronterizos de la zona sierra de Chiapas. El sector patronal exigió al gobernador fortalecer la seguridad en Chiapas, especialmente en la zona sierra, para restaurar la normalidad y garantizar el Estado de Derecho.
