El pasado año marcó un hito sombrío en México, ya que la cifra oficial de personas desaparecidas superó las 100 mil por primera vez desde que se comenzaron a llevar registros en 1962. Sin embargo, este año la situación empeora, con las autoridades anunciando que 111 mil 916 personas fueron víctimas de desaparición forzada y no fueron vistas de nuevo.
A pesar de estas cifras alarmantes, existe una preocupación aún mayor: la posibilidad de que la cantidad real de desaparecidos sea aún mayor debido a los problemas sistémicos en el registro de personas desaparecidas del país, según el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que presentó su informe el martes.
Para activistas y familiares de las víctimas, esto es una muestra de que el actual gobierno de México está dando otro paso atrás desde que se creó el registro en 2018. Aunque se ha reconocido cierta cooperación del gobierno mexicano, Naciones Unidas señaló que el registro nacional aún carece de “una metodología clara y transparente” y de datos desglosados sobre aspectos demográficos cruciales.
El informe de Naciones Unidas también destacó que las autoridades mexicanas eran culpables de “actos de revictimización” contra los familiares de las personas desaparecidas, incluso acusando a las familias de ocultar a sus seres queridos secuestrados.
María Luisa Aguilar, una activista con 15 años de experiencia en este campo, expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan las familias al reportar una desaparición, señalando la colusión entre autoridades y perpetradores en muchos lugares de México.
Además, el registro gubernamental carece de un mecanismo para la participación de los familiares de los desaparecidos, según el informe de Naciones Unidas, y se ha destacado la oposición de ciertas autoridades a emitir reportes al registro centralizado.
Este registro, que fue recibido con entusiasmo por activistas y familiares de las víctimas en 2018, ahora está siendo objeto de ataques por parte del mismo gobierno que lo creó. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un recuento de personas desaparecidas el año pasado, alegando que la cifra oficial era excesivamente alta, y posteriormente aceptó la renuncia de la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Para activistas como María Luisa Aguilar, esta situación es un motivo de preocupación, ya que la revisión del presidente López Obrador parece estar más enfocada en consideraciones políticas que en abordar la verdadera magnitud de la crisis de desapariciones en el país.
Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de The Associated Press. La situación de las personas desaparecidas en México sigue siendo una preocupación urgente que exige una acción inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
