En 2022, México experimentó un notorio aumento en investigaciones penales, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El informe detalla que se abrieron un total de 2,165,775 averiguaciones previas e investigaciones, un 5.1% más que en 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) se hizo cargo del 3.6% de estas investigaciones, mientras que el 96.4% quedó bajo la responsabilidad de las Fiscalías Generales de los Estados (FGE). A pesar de este incremento en la carga de trabajo, el número de casos resueltos también aumentó en un 12.9% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 1,976,991 casos.
Sin embargo, preocupa que una gran cantidad de investigaciones penales no lleguen a su conclusión. Según el mismo informe, se mantienen pendientes de resolución un total de 2,915,899 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación. De este total, el 98.3% están en manos de las FGE, lo que marca un aumento del 10.9% en comparación con 2021.
El acceso a la carpeta de investigación es un derecho fundamental para las personas bajo investigación, pero algunos enfrentan obstáculos. La historia de Agustín, un ciudadano que buscó en repetidas ocasiones ser reconocido como imputado y acceder a los registros de su investigación, pone de manifiesto los desafíos en el sistema judicial mexicano. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido en su caso, destacando la importancia de garantizar el debido proceso.
Este aumento en investigaciones penales plantea preguntas sobre la eficiencia y efectividad del sistema judicial en México, generando preocupaciones y llamados a mejorar el acceso a la justicia y los derechos de las personas bajo investigación.
