Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado que Mario Aburto, el autor confeso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, sea juzgado bajo la legislación federal en lugar del fuero común. Argumentan que el asesinato de Colosio no fue un simple homicidio, sino un hecho que tuvo graves consecuencias para la democracia mexicana.
La FGR ha expresado su preocupación con respecto al amparo otorgado a Aburto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, que podría permitirle quedar en libertad antes de marzo del próximo año. Según la Fiscalía, este tribunal no tuvo en cuenta a las víctimas directas e indirectas del magnicidio al tomar su decisión.
La posición de la FGR ha sido dada a conocer una semana después de que presentaron un recurso de revisión contra el amparo de Aburto, buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome la decisión final en el caso.
La Fiscalía argumenta que el amparo no consideró adecuadamente que el caso debería haberse tratado bajo jurisdicción federal desde el principio, dado su impacto en la democracia mexicana. De acuerdo con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el delito correspondía a la autoridad federal debido a su magnitud y consecuencias.
En palabras de la FGR, “El Tribunal Colegiado introdujo unilateralmente un tema que no estaba en la litis original del amparo de Mario ‘A’, ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México; al proceso electoral para la Presidencia de la República; así como al avance en materia de participación ciudadana; que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.
El 5 de octubre, el tribunal colegiado de Toluca anuló la condena de 45 años de prisión de Aburto y ordenó que se le dicte una nueva sentencia por el delito de homicidio, basándose en el Código Penal de Baja California vigente en la época de los hechos, cuya pena máxima era de 30 años de cárcel.
Si se le condena a la pena máxima, Aburto podría quedar en libertad el 23 de marzo del próximo año, justo cuando se conmemora el 30 aniversario del magnicidio.
La FGR defiende la aplicación de la legislación federal argumentando que se sustenta en el marco jurídico y el interés público, establecidos en los artículos 41, 73 y 104 de la Constitución. Según la Fiscalía, estos artículos sitúan claramente dentro del ámbito federal cualquier hecho que perjudique la democracia en México, su proceso electoral y la elección presidencial.
La FGR también señala que el magnicidio causó graves daños a los valores, derechos fundamentales y principios de justicia que rigen el Estado Mexicano en su democracia, estructura electoral y presidencial.
En su comunicado, la Fiscalía destaca que la decisión del Tribunal Colegiado no consideró a las víctimas directas e indirectas del delito, lo que dejó al Estado y a las personas afectadas en un estado de indefensión que debe ser corregido en aras de la justicia.
El presidente de la Corte ya no admite la mayoría de los recursos de revisión contra amparos directos, como el concedido a Aburto, y un posible rechazo no podrá ser apelado ante la Primera Sala.
El año pasado, Aburto solicitó que la Suprema Corte de Justicia resolviera su amparo contra la condena, pero la Primera Sala desechó la solicitud el 31 de agosto, argumentando que los particulares no están legitimados para presentar solicitudes de atracción a la Corte.
