Presidenta de la SCJN acepta diálogo para apoyar a damnificados de Acapulco

Norma Lucía Piña Hernández se muestra dispuesta a destinar ahorros de fideicomisos judiciales a la reconstrucción

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha aceptado entablar un diálogo con el titular del Poder Ejecutivo con el fin de destinar una parte de los ahorros provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para apoyar a las miles de familias que se quedaron sin vivienda en Acapulco después del paso del huracán Otis.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal expresó su disposición a iniciar este diálogo institucional. No obstante, enfatizó la necesidad de garantizar los derechos de todos los integrantes de la institución, haciendo referencia a los ahorros de miles de trabajadores de base que se encuentran en los fideicomisos que se pretenden extinguir. Estos recursos son esenciales para ampliar la cobertura médica y aumentar las pensiones de retiro de los trabajadores de base y de confianza.

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Norma Lucía Piña Hernández manifestó en su carta: “A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”. Además, reconoció la importancia de la propuesta del presidente López Obrador como una alternativa real para actuar en defensa de la población de Acapulco.

La presidenta de la SCJN subrayó su compromiso con la recuperación de las personas afectadas y su derecho a un futuro seguro, así como su intención de garantizar condiciones de igualdad para que puedan continuar con sus proyectos de vida en el menor tiempo posible.

En su misiva, Piña Hernández también señaló que desde que asumió el cargo a principios de 2023, ha estado trabajando en un proyecto de reingeniería de los fideicomisos y del ejercicio del presupuesto asignado, con el objetivo de cumplir con los compromisos del Poder Judicial y mejorar la utilización de los recursos públicos.

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