Un juez suplente ha otorgado prisión domiciliaria por motivos de salud al exprocurador de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, el funcionario más alto implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno mexicano ha condenado esta medida y ha amagado con impugnarla.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) ha criticado duramente el cambio de medida, destacando que ocurrió durante la guardia del juez titular del Reclusorio Norte en un día inhábil y que se utilizó la festividad del Día de Muertos como distractor.
La audiencia que duró más de 7 horas concluyó con la imposición de prisión domiciliaria a Murillo Karam, quien está acusado de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en relación con el caso Ayotzinapa. Se argumentó que su edad avanzada y problemas de salud ya no acreditan un riesgo de fuga, después de meses de traslados médicos frecuentes.
Sin embargo, Murillo Karam enfrenta un segundo proceso relacionado con delitos de tortura y desaparición forzada, lo que le impide regresar a su exclusiva residencia en Ciudad de México. Permanecerá en la Torre Médica del Penal de Tepepan hasta que se obtenga una segunda resolución en los mismos términos.
La Covaj ha expresado su preocupación por la velocidad inusual con la que se tomó esta decisión y ha advertido que podría llevar a la impunidad. Además, señaló que el juez no consideró el análisis de riesgo procesal presentado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR, que concluyó que el riesgo de fuga era alto.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, perteneciente a la FGR, anticipa su impugnación de la medida y solicitará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez. Alega que la decisión quebrantó el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes.
La Covaj también ha pedido una revisión de la argumentación del juez que dictó la prisión domiciliaria, argumentando que tuvo como propósito fijar una postura más allá de la motivación judicial para justificar el cambio de medida cautelar. La situación sigue siendo motivo de controversia y debate en México.
