En respuesta a una creciente preocupación por el mal uso de drones por parte de organizaciones delictivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas para regular el uso de aeronaves pilotadas a distancia. Estas reformas contemplan sanciones significativas, pero han generado un intenso debate, especialmente entre legisladores como el diputado Braulio López, quien advierte sobre la posible criminalización de la práctica periodística.
La propuesta, enviada al Congreso de la Unión a principios de agosto, busca establecer un marco jurídico que incluya agravantes para conductas delictivas realizadas con drones. Se plantean castigos de 3 a 10 años de prisión para quienes utilicen estos dispositivos para “vigilar” a servidores públicos. Sin embargo, críticos, como el diputado Braulio López, temen que estas medidas puedan afectar la libertad de prensa al castigar el uso de drones en la vigilancia de figuras públicas.
El presidente López Obrador fundamenta su preocupación en eventos previos que destacan el mal uso de drones por la delincuencia organizada. Incidentes como el ataque con drones cargados de explosivos en Michoacán y la detección de drones no autorizados cerca del Centro de la Ciudad de México han llevado al gobierno a proponer medidas más estrictas.
Las autoridades argumentan que el fácil acceso y la disminución de costos para adquirir drones han permitido su utilización en actividades ilegales y peligrosas, como el transporte de explosivos, ataques a personas y autoridades, el transporte de drogas y el espionaje. Estos casos, junto con el “halconeo” de la delincuencia organizada utilizando drones para vigilar a las fuerzas de seguridad, han impulsado la necesidad de una regulación más rigurosa.
La propuesta de reforma está actualmente en discusión en el Congreso, donde se busca encontrar un equilibrio entre fortalecer la seguridad y proteger la libertad de prensa. La preocupación por el uso indebido de drones ha llevado a reflexionar sobre cómo regular esta tecnología emergente sin limitar la labor periodística legítima.
