El presidente de Ecuador, Noboa, ha declarado “guerra” al crimen organizado, tomando medidas contundentes que incluyen considerar a las bandas criminales como “terroristas”. Este pronunciamiento ha desencadenado una serie de acontecimientos violentos en todo el país, desde asaltos armados hasta motines en cárceles.
Bajo la etiqueta de “conflicto armado interno”, las autoridades ecuatorianas han clasificado a las bandas criminales como objetivos militares a “neutralizar”. En el primer día de esta nueva fase, se reportaron “329 terroristas” detenidos y cinco abatidos, mientras que también se lamenta la pérdida de dos policías y uno herido.
Las calles de Ecuador se han vuelto desiertas, con clases suspendidas y una presencia masiva de seguridad en torno al Palacio de Carondelet. Mientras tanto, la situación en las cárceles es tensa, con 139 funcionarios de prisiones retenidos en al menos cinco instalaciones, como protesta contra las políticas de mano dura propuestas por Noboa.
El presidente se mantiene firme en su decisión, rechazando cualquier negociación para liberar al personal penitenciario. La ciudadanía vive bajo un clima de incertidumbre y miedo, mientras el gobierno busca aislar a los líderes criminales antes de trasladarlos a nuevas cárceles de máxima seguridad.
Esta medida se presenta después de una serie de masacres en cárceles ecuatorianas, que han dejado más de 450 presos muertos desde 2020. La violencia carcelaria se ha extendido a las calles, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más peligrosos de la región.
El panorama se complica con la fuga de líderes criminales, como José Adolfo Macías ‘Fito’, del grupo ‘Los Choneros’, y Fabricio Colón Pico de ‘Los Lobos’, ambos buscados por las autoridades. La Fiscalía ha procesado a los responsables del asalto a un canal de televisión, incluyendo a un venezolano y dos menores, acusándolos de terrorismo.
Ecuador enfrenta una situación crítica en medio de esta “guerra” contra el crimen organizado, con la población dividida entre el apoyo a medidas drásticas y la preocupación por posibles represalias. La incertidumbre persiste mientras el gobierno busca restablecer el orden en un país sumido en la violencia.
