El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una propuesta para desaparecer seis organismos autónomos en México, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el INAI y la Comisión Federal de Competencia (Cofece). La iniciativa, entregada a la Cámara de Diputados, busca modificar 14 artículos de la Constitución con el objetivo de transferir las atribuciones de estos organismos a cinco Secretarías de Estado y a instituciones como el Inegi.
La propuesta del Ejecutivo federal plantea la desaparición de la Cofece, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Economía. Además, se contempla la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y del Coneval, proponiendo que sus atribuciones pasen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y al Inegi, respectivamente.
En cuanto al INAI, se propone su eliminación y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, así como al órgano de control y disciplina del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. La tutela sobre partidos políticos se trasladaría al INE, mientras que para Sindicatos y protección de datos personales en posesión de particulares se contempla la responsabilidad del Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y el Ejecutivo federal.
Adicionalmente, la propuesta incluye la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la absorción de sus facultades por parte de la Secretaría de Energía. También se plantea la eliminación del organismo público descentralizado Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, trasladando sus funciones a la Secretaría de Educación Pública.
La exposición de motivos destaca la creación de nuevos organismos en los últimos años, señalando que entre 2018 y 2024 se destinaron más de 32 mil 313 millones de pesos de presupuesto a estos organismos, con un incremento anual. Ante ello, la propuesta busca optimizar recursos y “regresar” las atribuciones de los organismos autónomos a las dependencias originales, en línea con principios de economía, racionalidad, honradez y transparencia.
