La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio ayer un nuevo revés al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ordenar hacer pública la información sobre la base aérea militar y el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo.
La información requerida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está relacionada con el cambio de uso de suelo forestal del terreno donde se edificaron dichas obras, entregadas en diciembre. Por mayoría de ocho votos, los ministros determinaron que la divulgación de esa información, solicitada a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), no pone en riesgo la seguridad nacional.
Las únicas que votaron contra el proyecto fueron las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines a la ‘4T’. Alberto Pérez Dayán, ponente del caso, recordó que todo deriva de solicitudes ciudadanas hechas a través del Inai en las que se requirió información sobre el cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, que sirvió para autorizar la construcción del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto y la base aérea militar General Samuel Carlos Rojas, en Tulum.
Aunque la Semarnat reservó los datos bajo el argumento de seguridad nacional, en octubre de 2023 el Inai ordenó a la dependencia la entrega de la versión pública. El gobierno del presidente López Obrador consideró que dar a conocer la información potencializaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, por lo que insistió en su postura de reservar los datos.
En sesión pública, el ministro Pérez Dayán explicó que los solicitantes de la información han precisado que los datos que requieren son sobre la viabilidad del proyecto en relación al tema medioambiental; en específico, el impacto de la obra en la flora, fauna, suelo, subsuelo y equilibrio ecológico de la región. El ministro también insistió en que las solicitudes no requieren información relativa a características técnicas y específicas de las instalaciones, que sí está clasificada como reservada.
Ante tal situación y con base en precedentes de la propia SCJN, Pérez Dayán agregó que no es aplicable el acuerdo de 18 de mayo de 2023 en el que el gobierno federal declaró como de seguridad nacional toda la información de sus obras estratégicas. Los ministros destacaron que el gobierno no justificó ni demostró que la información solicitada pone en riesgo la seguridad nacional.
El aeropuerto y base aérea militar de Tulum tienen una superficie de mil 520 hectáreas y para su construcción se desmontaron 5.7 millones de árboles. La justificación del gobierno es que se trata de instalaciones estratégicas no sólo para la aviación civil, sino para la protección del espacio aéreo nacional.
