La American Chamber of Commerce of México (Amcham) y la Cámara de Comercio del Canadá en México (Cancham) hicieron un llamado este lunes para evaluar las posibles consecuencias de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces por voto popular. Ambas organizaciones expresaron su preocupación sobre los riesgos que esta iniciativa podría representar para la independencia judicial y la profesionalización de la justicia especializada.
Mediante comunicados separados, Amcham y Cancham manifestaron el descontento de la comunidad de negocios e inversionistas respecto a la reforma que también contempla la desaparición de varios órganos autónomos. Amcham subrayó que “en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido”, y advirtió que es prudente atender las múltiples voces que se alzan en advertencia.
La cámara resaltó que, como empresas que han invertido en México durante décadas, ven en la reforma judicial riesgos significativos que podrían incrementar costos, reducir la efectividad del sistema judicial y generar incertidumbre para la inversión. Coincidió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la necesidad de una integración económica que requiera certeza jurídica y transparencia.
Por su parte, Cancham enfatizó que las reformas propuestas pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre y el profesionalismo en el manejo de asuntos judiciales. Ambas cámaras reiteraron su disposición para establecer un diálogo constructivo con los representantes del gobierno actual y el entrante.
La reforma judicial dio su primer paso tras ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, y 17 en contra de la oposición. La iniciativa, presentada en un paquete de reformas en febrero, busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y acortar el período de su encargo de 15 a 12 años.
Se anticipa que la votación en el pleno se llevará a cabo en septiembre, cuando el oficialismo cuente con los dos tercios necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio. La situación genera un creciente debate sobre el futuro del sistema judicial en México y su impacto en la inversión extranjera.
