Los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 han dado por concluidas sus reuniones con el actual gobierno, expresando su decepción por no haber obtenido “verdad ni justicia plenas”, según informó el Centro Prodh, la organización que los representa legalmente. La madre Joaquina García, visiblemente afectada, compartió su desilusión tras el último encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que habían sentido una gran esperanza de alcanzar la verdad.
A casi diez años del ataque ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, persiste la incertidumbre sobre el destino de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Aunque se han encontrado restos calcinados de tres de ellos, muchos detalles sobre el caso siguen sin esclarecerse. Las autoridades sostienen que todos los estudiantes fueron asesinados por un cártel de drogas en complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales.
Durante esta administración, el ataque ha sido clasificado como un “crimen de estado”, y la fiscalía federal ha desmentido la llamada “verdad histórica” promovida por la administración anterior, que fue liderada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien hoy enfrenta cargos por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Sin embargo, persisten muchas preguntas sin respuesta, y el presidente ha minimizado la implicación de las Fuerzas Armadas en el caso, algo que las familias de las víctimas consideran crucial.
Las familias denunciaron fallos en la investigación y la falta de entrega de documentos militares, y anunciaron que concentrarán sus esfuerzos en la movilización por el décimo aniversario de la tragedia, además de interpelar al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder el 1 de octubre. El Centro Prodh enfatizó en sus redes sociales que un caso de desaparición no puede cerrarse hasta que el Estado esclarezca el paradero de todas las víctimas.
A pesar de que hay decenas de detenidos en relación con el caso, incluidos figuras destacadas como el exprocurador Murillo Karam, no hay sentencias firmes por las desapariciones. Entre los prófugos se encuentra Tomás Zerón, exdirector de investigaciones de la procuraduría federal, quien reveló que la “verdad histórica” fue una narrativa elaborada por las máximas autoridades del Estado en reuniones con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Hasta la fecha, el exmandatario no ha enfrentado cargos por este caso.
