MRS / Revista Punto de Vista / 29 de Agosto 2024
Es absolutamente indignante que más de mil millones de pesos de la herencia maldita de la dirección de pensiones hayan sido invertidos en empresas no localizadas en Estados Unidos. La revelación de que la empresa Sunport Capital LLC, beneficiaria de estos fondos en 2012, no puede ser localizada, plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de recursos que pertenecen a los trabajadores.
Cada peso desviado no solo representa una traición a la confianza depositada por los trabajadores y sus familias, sino que también tiene un impacto devastador en la economía del Estado. Los fondos de pensiones son un pilar fundamental para la seguridad financiera de muchas personas, y su mal manejo es una falta grave que no puede quedar impune. Es urgente que se identifiquen a los responsables de este posible desfalco y se tomen acciones concretas para recuperar los recursos perdidos.
La responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía y las organizaciones sociales, quienes deben exigir cuentas claras y transparentes. La vigilancia ciudadana es esencial para garantizar que los fondos se utilicen de manera responsable y en beneficio de la sociedad. No podemos permitir que se repitan estos actos de corrupción que socavan la confianza pública y afectan el bienestar de la comunidad.
Desde el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se ha anunciado que se continuará con la investigación interna para recuperar los recursos que se extrajeron de la Dirección de Pensiones. Esta acción es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañada de un compromiso genuino para esclarecer la situación. La instrucción a la Dirección de Pensiones para obtener pruebas y datos sobre quienes intervinieron en la desviación de recursos es un indicativo de que se está tomando en serio esta problemática.
Sin embargo, es crucial que esta investigación no se convierta en un mero trámite burocrático. La denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) o incluso ante la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser un proceso transparente y efectivo. La indagatoria en curso contra un grupo de personas debe avanzar con celeridad, y las autoridades deben rendir cuentas a la sociedad sobre los avances y resultados de estas investigaciones.
Además, las presuntas inversiones en entidades de crédito que superan los mil millones de pesos requieren una atención inmediata. La falta de claridad sobre el destino de estos fondos es inaceptable y debe ser esclarecida para restaurar la confianza de los trabajadores y de la ciudadanía en general.
La situación actual es un llamado a la acción. La recuperación de estos recursos y la identificación de los responsables son tareas ineludibles. La sociedad debe mantenerse alerta y exigir justicia, porque cada peso desviado es un golpe a la economía y a la confianza de quienes trabajaron arduamente para construir su futuro. No podemos permitir que la impunidad prevalezca; es hora de actuar y exigir un cambio real en la gestión de nuestros recursos.
mrenzi@revistapuntodevista.com.mx
