Jueces advierten sobre riesgos en el T- MEC por la reforma judicial

La Jufed señala violaciones al T-MEC por la propuesta de elección popular de jueces.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) alertó que la reforma al Poder Judicial podría violar de manera explícita el anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En un comunicado dirigido a las cámaras de Diputados y Senadores, la Jufed recordó que este apartado establece la necesidad de que los tribunales en materia laboral sean libres e independientes, un requisito cumplido anteriormente con una reforma constitucional tras la firma del tratado.

La organización enfatizó que la iniciativa que propone someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros “violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC”. En su escrito, destacaron que el tratado exige que los tribunales que conduzcan o revisen procedimientos laborales sean imparciales e independientes, lo cual se vería comprometido con la reforma propuesta.

Además, la Jufed advirtió que los capítulos 14 y 27 del T-MEC, que abordan inversiones y política anticorrupción, también se verían afectados, ya que estos obligan a México a mantener tribunales independientes en todas las materias. “El cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México no solo depende de garantizar la independencia de tribunales laborales, sino de todos los órganos jurisdiccionales que manejen juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”, afirmaron.

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La asociación hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para buscar un consenso y sugirió que es esencial realizar modificaciones a la reforma en su forma actual. Aseguraron que la elección de jueces por voto popular no fortalecería el Estado de derecho ni el Poder Judicial.

Por el contrario, la Jufed advirtió que esta reforma podría amenazar la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y poner en riesgo otros tratados internacionales de los que México es parte. “Un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales”, concluyeron.

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