El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados que permitiría a integrantes de empresas públicas y órganos autónomos, así como a personas físicas o morales, portar armas de fuego para el desarrollo de funciones de seguridad.
La propuesta se centra en la seguridad de entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos, así como de órganos como el Banco de México y el Servicio de Administración Tributaria. Según la iniciativa, estos grupos podrían portar armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos.
El artículo 25 de la iniciativa detalla que existen dos tipos de licencias para la portación de armas: las individuales, dirigidas a personas físicas, y las colectivas, destinadas a personas morales. Las licencias colectivas se expedirían a instituciones como la Guardia Nacional y otros organismos de seguridad pública, con la obligación de revalidarlas cada dos años.
La iniciativa establece que el armamento y las municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva solo podrán ser utilizados en funciones oficiales y de seguridad pública, prohibiendo su uso en actividades privadas, como la seguridad de particulares o el traslado de bienes y valores.
Este enfoque busca fortalecer la seguridad en sectores estratégicos, aunque la medida ha generado un debate sobre la militarización y la responsabilidad en el uso de armas en el ámbito civil. La discusión sobre la iniciativa se prevé intensa en el Congreso, donde se evaluarán sus implicaciones en la seguridad pública y la regulación del uso de armamento.
