El Senado de México inició la noche del 24 de octubre la discusión de un dictamen que establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución. Este proyecto, que modifica los artículos 105 y 107 constitucionales, fue impulsado por la mayoría oficialista y ha generado un intenso debate sobre el equilibrio de poderes en el país.
Con 85 votos a favor de los partidos oficialistas, incluyendo a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), el dictamen avanzó, superando los 41 votos en contra de la oposición. El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, defendió la iniciativa, argumentando que busca evitar que el Poder Judicial obstaculice las reformas aprobadas por el Congreso, en línea con lo que consideran un mandato popular.
La reforma surge en un contexto de críticas hacia el Poder Judicial, acusado de corrupción e imparcialidad. Se busca blindar reformas recientes, como la elección de jueces, que ya han sido impugnadas por jueces federales. Durante la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó que la reforma no atenta contra el derecho de amparo, sino que pretende evitar su uso para “dañar al pueblo”.
Sin embargo, los legisladores de oposición, como Ricardo Anaya del PAN, manifestaron su rechazo, considerando que la reforma centraliza el poder y limita los recursos legales de los ciudadanos ante posibles abusos. Anaya advirtió sobre las implicaciones de permitir que reformas constitucionales vulneren derechos fundamentales sin posibilidad de impugnación.
A pesar del respaldo mayoritario, la oposición argumentó que esta medida podría conducir a un debilitamiento del sistema democrático y a la instauración de un régimen autoritario. El debate promete continuar, reflejando la polarización política en el país y el futuro del equilibrio de poderes en México.
