La organización México Evalúa presentó este jueves un preocupante informe que revela que más del 93% de los delitos denunciados en el país quedan impunes. En el reporte titulado “Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, se destaca que el año pasado, un alarmante 93.6% de los delitos investigados no resultaron en una condena, con índices de impunidad que alcanzan hasta el 99.9% en estados como Oaxaca.
Los delitos más afectados por la impunidad incluyen desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.3%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). Este escenario pone de manifiesto las serias deficiencias del sistema judicial mexicano, donde la sobrecarga en fiscalías y juzgados compromete el debido proceso, llevando a errores procesales y defensas inadecuadas.
El informe también señala que, en promedio, cada fiscal atendió 310 casos, un incremento del 71% respecto al año anterior, mientras que los jueces en materia penal gestionaron 356 causas, un ligero aumento en comparación con 2022. Esta saturación de trabajo resalta la falta de recursos y capacidades en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En medio de la polémica por la elección de nuevos jueces en 2025, México Evalúa advierte que las reformas judiciales propuestas no abordan las causas subyacentes de la impunidad. La ONG critica la inclusión de la Guardia Nacional en la investigación de delitos, argumentando que su formación militar no se alinea con los principios de seguridad ciudadana y derechos humanos necesarios para una justicia efectiva.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, enfatizó que solo el 3.6% de las carpetas de investigación llegan ante un juez, lo que refleja una crisis en la capacidad de investigación criminal. Mariana Campos, directora general de la organización, subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones con personal capacitado y recursos distribuidos de manera sostenible.
Además, el informe destaca que los procesos penales más rápidos se lograron mediante acuerdos reparatorios, con un promedio de 214 días, mientras que los juicios orales se prolongaron hasta 553 días. Esta situación plantea serias dudas sobre la efectividad de las reformas y el acceso a una justicia pronta y expedita, especialmente con la próxima elección de jueces, magistrados y ministros programada para junio de 2025.
