A partir de este miércoles, los legisladores de Morena y sus aliados iniciarán un proceso legislativo que podría llevar a México de regreso a los años 90, al planear la extinción o anexión de siete organismos autónomos. Esta decisión, que ha generado preocupación entre diversos sectores, se fundamenta en la intención de reestructurar el panorama institucional del país.
Entre los organismos afectados se encuentra la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), creada en 2019 por Morena, el PVEM y el Partido del Trabajo para evaluar y mejorar el sistema educativo. Su función será absorbida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que ha suscitado críticas sobre la pérdida de independencia en la evaluación educativa.
Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que desde 2004 ha sido fundamental en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales, también será integrado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Gonzalo Hernández Licona, exsecretario técnico del Coneval, recordó que esta institución fue creada por demandas de la oposición para asegurar la evaluación de políticas sociales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que garantiza el derecho al acceso a la información pública, regresará a la Secretaría de la Función Pública, lo que ha sido interpretado como un retroceso en la transparencia gubernamental.
Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) también verán sus funciones absorbidas por diversas secretarías, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de la regulación en estos sectores.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha afirmado que se prevé la aprobación del dictamen en un plazo corto, lo que podría consolidar un cambio significativo en la estructura del gobierno mexicano y en la forma en que se gestionan la rendición de cuentas y la transparencia. La oposición ha expresado su preocupación por este movimiento, señalando que podría llevar a un aumento en la opacidad y la falta de responsabilidad en el ejercicio del poder.
