Sheinbaum envía nuevas leyes para reformar el sistema judicial

Las iniciativas buscan regular el trabajo de la Corte y establecer sanciones administrativas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un paquete de tres leyes secundarias como parte de la reforma judicial, con el objetivo de regular el funcionamiento de la Corte, las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina, así como la carrera judicial y las sanciones administrativas. Este paquete fue dado a conocer por Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia, durante la conferencia matutina.

Godoy destacó que estas leyes son “herramientas” fundamentales para los futuros jueces, magistrados y ministros, quienes serán electos mediante voto popular. Las iniciativas incluyen cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La Consejera Jurídica explicó que se busca armonizar la legislación con la reforma judicial y reorganizar el funcionamiento de la Corte. Con la reducción del número de ministros a nueve y la eliminación de las salas de trabajo, es crucial establecer claramente cómo operarán en el nuevo marco legal.

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Además, Godoy subrayó la importancia de definir las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, asegurando que no haya espacio para la arbitrariedad en su actuación. Las nuevas leyes establecerán procedimientos claros que deben seguirse y definirán los supuestos en los que este tribunal puede intervenir.

En cuanto a la Ley de Carrera Judicial, se pretende fortalecer la formación de los nuevos integrantes del Poder Judicial y abrir oportunidades de capacitación para empleados de fiscalías y cuerpos policiales. Esto busca mejorar la calidad del servicio judicial y garantizar que los futuros funcionarios estén debidamente preparados.

Finalmente, las modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas tienen como objetivo proporcionar claridad sobre las sanciones que pueden imponerse. En caso de que un juez cometa un delito, se prevé que sea presentado ante el Ministerio Público, asegurando así un proceso de rendición de cuentas más riguroso.

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