A partir del próximo lunes 20 de enero, justo cuando Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, su Administración implementará órdenes ejecutivas para llevar a cabo deportaciones masivas y cerrar la frontera con México a la migración irregular.
A diferencia de su primer mandato en 2017, cuando Trump tardó varios días en emitir decretos clave, esta vez se anticipa que las medidas se implementen inmediatamente. Stephen Miller, quien asumirá el cargo de Asesor de Seguridad Interna, anunció: “En el momento en que el Presidente Trump ponga su mano sobre esa Biblia, la ocupación termina y comienza el Día de la Liberación”.
Miller detalló que Trump firmará órdenes ejecutivas para sellar la frontera y comenzar la “operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”, enfocándose en bandas criminales y traficantes de drogas. Aunque Trump ha manifestado que priorizará la deportación de migrantes considerados amenazas a la seguridad nacional, se estima que cualquier campaña de este tipo podría afectar a los 11 millones de indocumentados en el país, de los cuales 4 millones son mexicanos.
A pesar de las intenciones de Trump, la Oficina de Aduanas y Control Migratorio (ICE) enfrenta limitaciones significativas, con solo 6,000 agentes y 41,000 camas disponibles para albergar a migrantes en proceso de deportación. Además, aún no se ha definido un plan claro que no infrinja las leyes estadounidenses.
Trump y sus aliados sugieren que podrían involucrar a fuerzas militares en las operaciones de deportación, aunque esto plantea cuestiones legales. Miller mencionó que agencias como el FBI, la DEA y la ATF podrían colaborar con ICE para asegurar la frontera y deportar a amenazas criminales.
Los expertos advierten que, a pesar de la posible expansión de recursos, la prioridad de la Administración se centraría en los más de 1.2 millones de indocumentados con órdenes finales de deportación que han agotado sus recursos legales. Homan, ex director interino de ICE, indicó que una de las órdenes ejecutivas podría incluir la penalización de aquellos que no cumplan con las órdenes de deportación, lo que afectaría a muchos padres indocumentados con hijos estadounidenses.
