La magistrada Julia María García González expresó sus dudas sobre el proceso de registro de aspirantes a la elección judicial, calificándolo de “sospechoso” debido a la inesperada cantidad de inscripciones de último minuto. En una conferencia de prensa, García González sugirió que este fenómeno podría haber sido una estrategia para presentar el proceso como un éxito, a pesar de que los números iniciales no eran tan prometedores.
“De buenas a primeras resulta que esto es un éxito y que tienen a todas las personas. Ahora, el gran punto es si esas personas cumplen con los requisitos mínimos que ellos mismos están pidiendo”, afirmó la magistrada, instando a la prudencia y a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la reforma.
El magistrado José Rogelio Alanís se unió a las críticas, demandando mayor transparencia en los Comités de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo. “Han dicho tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo el número de personas que se han inscrito, pero no hay listas y no tenemos datos para verificar si las listas que se lleguen a emitir tienen un sustento fidedigno”, enfatizó.
Alanís también calificó el proceso como inconstitucional y antidemocrático, señalando que existen múltiples suspensiones que han frenado el avance del proceso. “Si no se respetan la ley y los derechos, el ciudadano deja de ser tal y deja de haber democracia”, advirtió.
Por su parte, el magistrado Fernando Silva sostuvo que la situación evidencia que el partido Morena tiene el control del proceso electoral, lo que podría comprometer la integridad del mismo. La controversia en torno a este registro de aspirantes genera inquietud sobre la transparencia y la legalidad del proceso judicial en el país, resaltando la necesidad de un escrutinio más riguroso y de un respeto absoluto a los derechos ciudadanos.
