El presupuesto en salud en México continúa siendo una deuda monumental con la población. A pesar de que el gobierno destina apenas el 2.5% del PIB a este sector, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo del 6%. Esta insuficiencia se traduce en que más de 50 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos, y más de 2,000 unidades médicas permanecen abandonadas y sin funcionar.
La “transformación” del sector salud ha estado marcada por escándalos significativos. El INSABI, por ejemplo, ha sido un fracaso rotundo, gastando 150 mil millones de pesos sin garantizar atención médica efectiva. Además, se han documentado contratos irregulares para medicamentos que nunca llegaron a los hospitales, lo que ha contribuido al desabasto crónico de medicinas, afectando especialmente a los niños con cáncer.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 propone un recorte de 34 mil millones de pesos en salud comparado con el presupuesto de 2024. Este recorte es alarmante, especialmente considerando que México ocupa el lugar 89 a nivel mundial en vacunación, con acceso limitado a vacunas clave y una cobertura que ha caído, exponiendo a la población a riesgos innecesarios. En el sector público, los tiempos de espera para citas pueden llegar hasta un año para especialidades básicas en IMSS-Bienestar, lo que obliga a millones a buscar opciones privadas debido a la falta de capacidad.
Este presupuesto no prioriza la salud; los hospitales se encuentran en condiciones deplorables y cada vez más se convierte en un lujo acceder a atención médica. En medio de una crisis de violencia sin precedentes, con más de 206,000 homicidios desde el inicio del gobierno actual y más de 52,411 desaparecidos, la situación se agrava aún más. La guerra en Sinaloa es un claro ejemplo del nivel de descomposición social y política, donde la complicidad entre autoridades y crimen organizado es evidente.
Los recortes no se limitan al sector salud; la Secretaría de Seguridad también sufrirá una reducción significativa en su presupuesto. La Comisión Nacional de Búsqueda, crucial ante la crisis de desaparecidos, verá un recorte del 10%, lo que pone en riesgo su capacidad para operar efectivamente. En cuanto a educación, el PPEF 2025 propone una reducción de 3,500 millones de pesos, profundizando una crisis educativa ya alarmante.
La situación actual refleja una falta de compromiso del gobierno hacia las necesidades fundamentales de los mexicanos. La inversión en salud y educación es crucial para el desarrollo del país; sin embargo, las decisiones presupuestarias indican lo contrario. La centralización y control sobre medicamentos no han resuelto la crisis; por el contrario, han evidenciado ineficiencia y mala planificación.
La realidad es clara: mientras se recortan fondos esenciales para salud y educación, los ciudadanos enfrentan un sistema que no solo es ineficaz sino también corrupto. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se replantee esta estrategia?
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