El Informe Final del Panel de Controversias del T-MEC ha determinado que ciertas disposiciones del decreto emitido en febrero de 2023 sobre el glifosato y el maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares establecidos por el tratado. Según un comunicado de la Secretaría de Economía, el panel concluyó que estas medidas carecen de una evaluación de riesgo adecuada y no están respaldadas por evidencia científica ni normas internacionales pertinentes.
A pesar del desacuerdo con la resolución, el Gobierno de México ha manifestado su intención de respetar la decisión sobre el maíz transgénico, subrayando la importancia del mecanismo de solución de controversias del T-MEC. En un comunicado, el gobierno afirmó que las medidas cuestionadas estaban alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas.
“El Gobierno de México no comparte la determinación del panel, pero respetará la decisión, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es fundamental”, destacó la administración, haciendo referencia a un caso anterior que resultó favorable para el país en el sector automotriz.
El gobierno federal enfatizó que las restricciones buscaban proteger valores esenciales como la salud pública y la conservación de recursos naturales. No obstante, reafirmó su compromiso de defender los principios que motivaron la emisión del decreto y continuar trabajando en iniciativas que protejan la diversidad genética de los maíces nativos de México.
Por su parte, Estados Unidos celebró el fallo a su favor, argumentando que las restricciones impuestas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se basan en principios científicos. La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, destacó que la decisión del panel reafirma las preocupaciones sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto en las exportaciones agrícolas estadounidenses.
Con el fallo, México tiene un plazo de 45 días para eliminar las restricciones al maíz transgénico, lo que podría tener repercusiones significativas en la relación comercial entre ambos países. Doug McKalip, asesor principal en comercio agrícola, subrayó que esta resolución es crucial para garantizar que los agricultores estadounidenses puedan competir de manera justa en el mercado global.
