El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una profunda división tras una semana de intensas discusiones sobre el presupuesto destinado a la elección judicial de 2025. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, propuso realizar este proceso con 6 mil 132 millones de pesos, lo que representa solo el 47% de los recursos originalmente solicitados. Esta cantidad se compone de diversas partidas, incluyendo 4 mil 620 millones de pesos de una consulta popular que no se llevará a cabo y 1 mil 292 millones de recortes a otros proyectos y al presupuesto base.
Sin embargo, un bloque de consejeros, liderado por Claudia Zavala, se opone a esta propuesta. Argumentan que los recortes afectarían programas y proyectos esenciales para el INE, como la credencialización y el mantenimiento del Padrón Electoral. “¿Vamos a claudicar a fiscalizar? ¿O al sistema de comunicación política?”, cuestionó Zavala, enfatizando la importancia de no sacrificar servicios fundamentales para la ciudadanía.
La propuesta alternativa de este grupo es destinar solo 4 mil 349 millones de pesos para la elección judicial, cifra que consideran adecuada ya que es lo que la Cámara de Diputados dejó establecido. La falta de consenso ha llevado a comparaciones con la canción “La Bartola”, donde las tensiones se evidencian en cada intento de llegar a un acuerdo.
El INE deberá ajustar su presupuesto una vez que el Gobierno federal publique el decreto de Presupuesto 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Si no se logra un acuerdo antes de esta publicación, los consejeros tendrán que resolver sus diferencias en la mesa del Consejo General mediante votaciones.
Entre los rubros más afectados por la propuesta de recortes se encuentra “Obra Pública en Bienes Propios”, que sufriría un recorte del 100%, así como una disminución significativa en otras áreas como “Mobiliario y Equipo Educacional” y “Servicios Básicos”. Estos recortes podrían comprometer la capacidad del INE para llevar a cabo sus funciones esenciales, generando preocupación sobre el futuro de la transparencia y la eficacia en los procesos electorales.
