MRS / Revista Punto de Vista / 23 de Abril 2025
La integridad del Poder Judicial es un pilar irrenunciable en cualquier democracia. Quienes aspiran a impartir justicia deben ser ejemplares, no solo en conocimientos, sino en ética y trayectoria. Por ello, resulta alarmante que Gerardo Fernández Noroña, figura prominente de Morena, admita con desconcertante ligereza que su partido incluyó candidatos con antecedentes criminales en la lista para ocupar cargos judiciales. Más grave aún es su intento por trasladar al INE la responsabilidad de corregir estos yerros, como si el órgano electoral fuera un equipo de limpieza de los desaciertos partidistas.
Noroña, con su estilo coloquial pero cargado de ironía, declaró: “Se nos fueron algunos casos”. La frase, que podría parecer una anécdota trivial, revela una frivolidad peligrosa. ¿Cómo es posible que un partido en el poder, con acceso a recursos y mecanismos de verificación, permita que perfiles cuestionables se cuelen en una lista para un puesto tan sensible? La respuesta parece estar en la estrategia posterior: al no poder retractarse, Morena busca descargar la culpa en el INE. Es decir, si alguien con antecedentes llega a impartir justicia, la responsabilidad ya no será del partido, sino de un instituto al que, paradójicamente, frecuentemente acusan de parcialidad.
Este episodio no solo expone fallas en los filtros internos de Morena, sino que ilustra un patrón preocupante: la normalización de la impunidad bajo el manto de la “transformación”. No es la primera vez que un partido en el poder utiliza instituciones autónomas como chivos expiatorios. Sin embargo, trasladar al INE la tarea de “depurar” lo que el partido no supo —o no quiso— evitar es un contrasentido. El INE no es un tribunal ético ni un comité de vigilancia; su función es garantizar procesos electorales, no suplir la responsabilidad de los partidos en la selección de sus candidatos.
La jugada, además, es políticamente conveniente. Si el INE rechaza a estos candidatos, Morena podrá victimizarse, acusando al instituto de obstaculizar su proyecto. Si los avala, lavará sus manos ante cualquier escándalo futuro. Mientras tanto, el riesgo recae sobre la credibilidad de la justicia: ¿qué mensaje se envía si se permiten perfiles dudosos en tribunales? La ciudadanía, ya de por sí desencantada con la clase política, percibe este tipo de acciones como una burla al sistema.
Hay aquí un doble fracaso. Primero, en la obligación elemental de vetar a personas con historiales delictivos. Segundo, en la rendición de cuentas: un partido que se autoproclama “diferente” no puede recurrir a las mismas tretas que denunciaba en sus adversarios. La justicia no es un botín político, ni los errores en su integración pueden minimizarse con frases.
Urge que Morena asuma su responsabilidad. Si de verdad hay voluntad de transformar el sistema, esta debe comenzar por limpiar sus propias filas, no por buscar culpables externos. El INE no es ni debe ser un parche para la negligencia partidista. La justicia merece más que candidatos colados y excusas coladeras. La democracia exige, al menos, eso.
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