En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) a finales de marzo de 2025, se decomisaron 10 millones de litros de diésel presuntamente de origen ilícito en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, el gobierno federal reportó oficialmente solo la mitad de este volumen, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la información proporcionada.
El decomiso incluyó 192 contenedores, 23 tractocamiones y un buque con armas. La empresa Intanza, con domicilio en Monterrey, está vinculada al caso y se investiga su relación con Francisco Javier Antonio Martínez, directivo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado acciones contra agencias aduanales y funcionarios por su presunta participación en el contrabando de combustible.
Este decomiso se suma a otro realizado en Ensenada, Baja California, donde se incautaron 8 millones de litros de diésel. Ambos operativos reflejan los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el contrabando de combustibles y la corrupción en las aduanas.
