MRS / Revista Punto de Vista / 30 de abril 2025
La política mexicana vive un momento de tensión entre el discurso de transformación y las prácticas clientelares que históricamente han minado la democracia. En este escenario, la senadora morenista Andrea Chávez se ha convertido en un símbolo de contradicciones. Su reciente estrategia de promoción personal —mediante consultorios y ambulancias con su nombre e imagen en Chihuahua— no solo viola los principios de austeridad republicana que Morena pregona, sino que revela una ambición desmedida que prioriza intereses personales sobre las necesidades urgentes de la ciudadanía.
El hallazgo de un “consultorio del bienestar” con el nombre de Chávez en Guadalupe y Calvo, así como ambulancias rotuladas ocultas en un domicilio en Chihuahua, no son actos inocentes. Son herramientas de propaganda electoral anticipada, disfrazadas de servicio social. Estos recursos, que deberían ser destinados al bienestar colectivo sin condicionamientos, están siendo usados para construir una imagen personalista. La senadora, lejos de atender el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar estas prácticas, las intensifica, lo que sugiere un cálculo político: aprovechar su posición para sembrar lealtades de cara a una futura contienda por la gubernatura.
Más grave aún es la acusación de que Chávez votó en contra del presupuesto de salud para Chihuahua. Si bien la asignación de recursos públicos suele ser tema de debate técnico, resulta contradictorio que una legisladora que ahora despliega ambulancias con su imagen y nombre haya negado fondos para medicinas y equipos vitales. Este hecho no solo expone incoherencia, sino una lógica perversa: debilitar instituciones para después presentarse como “salvadora” mediante acciones aisladas y mediáticas. La salud no puede ser moneda de cambio en juegos de poder.
Andrea Chávez tuvo la oportunidad de marcar un precedente como representante de un partido que llegó criticando el viejo régimen. Sin embargo, su actuar refleja los vicios que Morena denunciaba: uso de recursos públicos para fines particulares, centralización de reflectores y desconexión de las demandas sociales. Su soberbia —ignorar a su propia coalición y a la ciudadanía— la ha llevado a ser repudiada incluso por quienes alguna vez vieron en ella una figura renovadora. La pregunta es inevitable: ¿qué diferencia a este tipo de prácticas de las del PRIAN que tanto se critican?
El caso de Chávez no es aislado; es síntoma de un mal mayor: la normalización del personalismo en la política. Cuando los funcionarios creen que el poder es un derecho perpetuo, la rendición de cuentas se diluye. La ciudadanía de Chihuahua, enfrentada a crisis de servicios médicos y pobreza, merece respuestas claras: ¿por qué una senadora invierte en su imagen y no en soluciones estructurales?
Morena tiene una deuda con sus bases: debe sancionar estas prácticas o se convertirá en lo que juró combatir. El INE y la FEPADE, por su parte, están obligados a investigar estos actos de campaña anticipada y uso indebido de recursos. La democracia no se defiende con discursos, sino con acciones concretas contra los abusos, vengan de donde vengan. Andrea Chávez puede aspirar a cargos públicos, pero no a costa del erario y la salud de los mexicanos. El mensaje debe ser claro: en México, el poder no es un patrimonio, sino un servicio.
La historia juzgará, pero la ciudadanía no debe esperar: tiene en sus manos exigir transparencia y castigar con su voto a quienes confunden servicio público con marketing personal.
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