Ciudad de México, 15 de mayo de 2025 — Ocho municipios gobernados por la oposición y tres organizaciones de la sociedad civil han presentado recursos legales contra la nueva Ley General de Transparencia (LGT), aprobada recientemente por Morena y sus aliados en el Congreso. Los municipios han promovido controversias constitucionales, mientras que las organizaciones civiles han interpuesto demandas de amparo, argumentando que la ley restringe el acceso a la información pública y debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
Las reformas a la LGT han sido criticadas por limitar las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y por centralizar el control de la información en el Ejecutivo federal. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Evalúa han expresado su preocupación por el retroceso en materia de transparencia y han señalado que estas modificaciones contravienen principios constitucionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma, argumentando que busca eficientar los procesos y reducir gastos innecesarios. Sin embargo, críticos sostienen que la medida representa un intento por limitar la supervisión ciudadana y concentrar el poder en el Ejecutivo.
El debate sobre la transparencia gubernamental continúa, y se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva ley en los próximos meses.
