El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una decisión que dejará una cicatriz profunda en la democracia mexicana: validar la elección de nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de evidencias irrefutables de irregularidades masivas. Con este fallo, el órgano electoral no solo avala prácticas antidemocráticas, sino que envía un mensaje peligroso: ciertos niveles de fraude son “tolerables” si no alteran el resultado final.
Los hechos documentados son alarmantes:
- “Acordeones” (guías de voto ilegales) en 23% de las casillas, una táctica de manipulación descarada.
- Boletas “planchadas” (sin doblez), urnas “embarazadas” (con votos preinsertados) y casillas “zapato” (unanimidad sospechosa).
- 818 casillas anuladas (3.7 millones de votos invalidados) por irregularidades, incluyendo votos que superaban el padrón electoral.
Pese a esto, seis de once consejeros del INE consideraron que estas anomalías —que afectaron a millones de ciudadanos— eran “marginales” frente al total nacional. El argumento estadístico es un espejismo: ¿Cómo puede hablarse de “certeza” cuando la elección se contaminó de prácticas que violan principios democráticos básicos?
La voz del consejero Arturo Castillo fue clara y valiente: denunció que las irregularidades eran “generalizadas” y “antidemocráticas”, e impulsó una propuesta para invalidar el proceso. Su advertencia fue desoída. Más grave aún: la decisión de entregar constancias sin depurar integralmente las denuncias convierte al INE en cómplice de la opacidad.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tachó de “extremo y lamentable” cuestionar la validez del proceso. Sin embargo, anunciar investigaciones posterior a la validación resulta insuficiente y reactivo. Si el INE reconoce fallas graves que requieren indagatorias internas y externas, ¿cómo puede declarar legítimo un proceso aún bajo sospecha?
Los nueve ministros asumirán el cargo el 1 de septiembre con una mancha original: su designación se sostiene en una elección donde la coerción del voto y la ilegalidad fueron minimizadas por el órgano garante. La SCJN, máximo guardián de la Constitución, queda así atada a un proceso que sacrificó la integridad en el altar de la conveniencia política.
La democracia no se reduce a sumar votos válidos; exige respeto irrestricto a las reglas. Al avalar esta elección, el INE priorizó la eficacia sobre la ética, normalizando la idea de que el fin justifica los medios. México merece una justicia imparcial y una democracia transparente. Hoy, ambas han sido lesionadas. La legitimidad de la Corte —y del propio INE— dependerá de su capacidad para rectificar esta omisión histórica.
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