El 15 de junio de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que algunos aspirantes electos en la reciente elección judicial podrían perder su cargo pese a contar con mayoría, al estar bajo investigación por diversas faltas a la llamada “ley 8 de 8”, que prohíbe la designación de personas con conductas contrarias a la equidad de género.
Candidatos bajo lupa
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Jaime Vladímir Ángel Cisneros de la Cruz (Cuarto circuito judicial, Nuevo León): acusado de acoso a estudiantes cuando era docente en la UANL.
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Sergio Díaz Rendón (magistrado regional, Coahuila): señalado por incumplir con la pensión alimenticia de su hijo, a pesar de presentar un certificado de “buena fe”.
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Genaro Antonio Valerio Pinillos (magistrado del quinto circuito, Sonora): acusado de acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en su labor judicial.
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Héctor Ulises Orduña Hernández (juez de distrito, Veracruz): detenido acusado de abuso sexual contra una menor en Poza Rica, en septiembre de 2021.
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Eluzai Rafael Aguilar y Madián Sinaí Menchaca Sierra (juezas, Jalisco): ambas con vínculos familiares a la iglesia La Luz del Mundo, un detalle que ha generado críticas respecto a imparcialidad.
La elección, realizada el 1 de junio, registró una participación ciudadana de apenas 12 %. El proceso culminó con el conteo y entrega de constancias el 15 de junio, seguido de una revisión exhaustiva de antecedentes y elegibilidad, incluida verificación de violencia de género y responsabilidad alimentaria.
La consejera Carla Humphrey instruyó al INE investigar a fondo cada señalamiento relacionado con la ley 8 de 8, con la posibilidad de cancelar candidaturas incluso después de haberse otorgado la constancia de mayoría.
Paralelamente, la ONG Defensorxs ha identificado al menos cuatro candidatos más con antecedentes preocupantes, como abuso sexual, homicidio culposo o encubrimiento de feminicidio, lo que eleva el total a 17 señalados por irregularidades antes de la elección.
El siguiente paso será la resolución de impugnaciones ante el Tribunal Electoral y determinaciones finales del INE sobre la validez de los nombramientos.
