En los pasillos de la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí circula un nombre que se ha convertido en leyenda oscura: Eduardo Serrano, conocido como “El chico maravilla”. Su reciente aparición en video, negando cualquier vínculo con la dependencia federal, contrasta de forma grotesca con las múltiples acusaciones de extrabajadores y miembros de comunidades afectadas. Este personaje, que opera entre las sombras, representa una peligrosa distorsión del espíritu original de los programas sociales: la captura política, la opacidad institucional y el clientelismo como método de operación.
Las denuncias en su contra son contundentes y precisas. Serrano no figura como funcionario público, pero actúa como un operador político con control de facto. Se le señala por manipular asambleas de programas como “La Escuela es Nuestra” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, imponiendo comités afines a intereses particulares. Además, ha fungido como chofer y supuesto “enlace” logístico de enviados del IMSS-BIENESTAR, consolidando una estructura paralela que controla la asignación de recursos públicos a través de redes de lealtad. Según testimonios, su objetivo ha sido claro: asegurar beneficios para contratistas privilegiados a cambio de fidelidad política.
Las consecuencias de estas prácticas son tangibles y profundamente dañinas. En Villa de Reyes, una supuesta clínica quedó reducida a un terreno baldío, a pesar de que se destinaron más de un millón de pesos para su construcción. En Villa de Arriaga, un aula nueva colapsó poco después de ser inaugurada, evidenciando una obra de pésima calidad. Durante la pandemia, se reportó el desvío de vacunas contra COVID-19 hacia personas influyentes, mientras adultos mayores esperaban durante horas para recibir su dosis.
La impunidad ha sido su principal escudo. El intento de promoverlo como coordinador estatal de “Jóvenes Construyendo el Futuro” —con el respaldo del delegado Morales— solo fue detenido por una intervención desde Ciudad de México, motivada por la acumulación de denuncias sobre corrupción y desvíos electorales. Este conflicto interno revela una estructura de poder profundamente viciada, donde el control local choca con una débil intención de depuración desde el centro.
La negación de Serrano ante las cámaras parece el acto final de un modus operandi basado en el sigilo y la evasión. Sin embargo, los testimonios, las obras fallidas, los documentos filtrados y el rastro del dinero desviado hablan por sí solos. Su caso no es un incidente aislado, sino el reflejo de un cáncer que está minando la credibilidad de programas sociales fundamentales para millones de mexicanos. Cuando los comités ciudadanos son manipulados, las obras se vuelven botín político y se traiciona la esencia de la política social: la justicia distributiva.
San Luis Potosí exige y merece una investigación profunda, imparcial y urgente. No basta con que Eduardo Serrano se desvincule públicamente de sus actividades. Es indispensable realizar auditorías exhaustivas a las obras inconclusas y al manejo de los programas sociales señalados, depurar la estructura interna de la Delegación del Bienestar, incluyendo el papel del delegado Morales, establecer mecanismos de contraloría social verdaderamente independientes y aplicar sanciones ejemplares a todos los implicados, desde los operadores materiales hasta sus protectores políticos.
“El chico maravilla” no puede seguir siendo una leyenda de impunidad. Convertir su caso en un precedente de rendición de cuentas es el único camino para rescatar la legitimidad del Bienestar y devolverlo a quienes más lo necesitan: la ciudadanía. La credibilidad de la política social está en juego. Guardar silencio o mirar hacia otro lado es ser cómplice.
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