El Congreso aprobó recientemente la reforma a la Ley General de Población que establece la CURP biométrica como el nuevo documento oficial de identidad en México, tanto en formato físico como digital. Aunque la norma menciona que la captura de datos se hará con autorización, en la práctica será obligatoria porque será requerida por todas las dependencias públicas y privadas para realizar trámites o acceder a servicios .
Esta nueva versión de la CURP incluirá información personal tradicional —como nombre, fecha de nacimiento, sexo o género, nacionalidad y lugar de nacimiento—, así como datos biométricos únicos: fotografía, huellas dactilares, escaneo del iris y firma electrónica. Será integrada en la Plataforma Única de Identidad, que se conectará con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, con el fin de agilizar la identificación y búsqueda.
El trámite de la CURP biométrica es gratuito y estará disponible para toda la ciudadanía, incluidos menores, adultos mayores y residentes extranjeros regulares. Para solicitarla, se requiere presentar:
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Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla militar),
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CURP tradicional certificada emitida por el Registro Civil,
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Acta de nacimiento certificada,
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Comprobante de domicilio reciente,
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Correo electrónico activo,
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En caso de menores, también la CURP del tutor y su presencia en la captura.
Actualmente, la CURP biométrica solo está disponible de forma piloto en Veracruz, en municipios como Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, Misantla y Tantima, donde los ciudadanos pueden acudir al Registro Civil para realizar el trámite presencial. Se espera que su implementación se extienda gradualmente a otras entidades a finales de 2025, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y un periodo de aplicación de 90 días hábiles.
Entre los beneficios anunciados, esta CURP más segura busca reducir fraudes, suplantación y errores administrativos, además de facilitar el acceso a servicios de salud, migración, seguridad social y trámites digitales. También se plantea como una herramienta para identificar o alertar sobre personas desaparecidas.
Sin embargo, la iniciativa ha levantado preocupaciones de especialistas, colectivos y organizaciones de derechos digitales, quienes advierten sobre posibles riesgos de vigilancia excesiva, violaciones a la privacidad, discriminación y exclusión de grupos vulnerables como personas mayores, con discapacidad o de la población trans. También se advierte que la infraestructura creada podría usarse sin suficientes controles ni supervisión ciudadana .
