El contrabando de combustible desde Estados Unidos a México, conocido como huachicol fiscal, se ha consolidado como una estructura criminal compleja que opera con altos niveles de impunidad. Expertos advierten que este ilícito no se limita al robo físico de hidrocarburos, sino que involucra un entramado sofisticado de complicidades entre autoridades, empresarios y redes logísticas. Utilizan empresas fachada, sobornos en procesos de importación y montan toda una cadena que abarca barcos, trenes, pipas, tanques de almacenamiento y gasolineras informales.
Sergio Reynoso, representante de Canacintra en el Comité Consultivo de Normalización de Hidrocarburos, explica que las importaciones legales sirven como fachada para introducir combustible ilegal, mediante la colusión de trabajadores importadores. Por su parte, Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, señala que este fenómeno se sostiene por la impunidad y la ausencia de consecuencias reales. Asegura que cuando hay espacios no vigilados, la actividad delictiva muta y prospera.
Además, se ha reportado que los apoyos financieros y bancarios para estas operaciones, así como permisos aparentes en Estados Unidos, no son investigados con la profundidad necesaria. La falta de investigación sobre rentas de barcos o pipas, así como sobre las estructuras empresariales implicadas, facilita que estas redes operen impunemente.
En respuesta, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció que las investigaciones contra el huachicol fiscal se están llevando a cabo en todos los niveles y que no se protegerá a ningún responsable. Aunque reconoció que el avance en detenciones requiere tiempo para reunir pruebas contundentes, aseguró que las incautaciones recientes han fortalecido las investigaciones.
Este tipo de contrabando genera consecuencias económicas graves: debilita a las empresas formales, provoca competencia desleal y erosiona la recaudación pública. Además, fortalece la corrupción institucional al involucrar aduanas y autoridades de seguridad fronteriza . Se estima que el huachicol fiscal representa pérdidas multimillonarias al erario, superior a miles de millones de dólares anuales, y es considerado como el segundo negocio ilícito más rentable después del narcotráfico .
La complejidad de esta red demanda una respuesta estructurada: vigilancia reforzada en fronteras, investigación profunda de las cadenas financieras y aduanales, sanciones efectivas y una coordinación sólida entre instituciones. Además, especialistas insisten en la urgencia de romper la cadena de impunidad con acción legal firme y transparencia para recuperar el control y garantizar la seguridad energética del país.
