El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una estrategia de transformación digital para modernizar el Registro Federal de Electores, que contempla 20 proyectos orientados a incorporar tecnología avanzada en el proceso electoral. Entre los principales avances está el desarrollo de una credencial para votar digital en versión beta, que complementará la credencial física, aportando mayor funcionalidad y flexibilidad para los ciudadanos.
Esta estrategia también contempla el uso de inteligencia artificial para detectar inconsistencias y patrones irregulares en el padrón electoral y la lista nominal, con el fin de preservar la integridad y confiabilidad de los datos. Esto busca evitar casos como el registrado el año pasado donde se detectó que mexicanos residentes en el extranjero estaban inscritos en domicilios dentro del país.
Además, el plan incluye la implementación eventual del voto electrónico, la modernización del sistema integral de información y la creación de un ecosistema de ciberseguridad para proteger los datos personales de los ciudadanos. Sin embargo, algunos consejeros han expresado dudas sobre la viabilidad y la transparencia del voto electrónico, dejando claro que su aplicación dependerá de la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal.
También se reconoció que para llevar adelante esta transformación será necesario considerar los recursos para infraestructura, capacitación y mantenimiento, una preocupación relevante ante las limitaciones presupuestales actuales del INE. La estrategia tiene como propósito fortalecer la confianza ciudadana y mejorar los servicios registrales mediante tecnologías digitales, facilitando trámites y reforzando la interacción del instituto con la sociedad.
Con esta iniciativa, el INE avanza hacia la digitalización y modernización de sus procesos, adaptándose a un contexto global en transformación y respondiendo a las reformas legales recientes que exigen simplificación administrativa y mayor seguridad en la identificación de personas. La implementación de estos proyectos comenzará progresivamente, siempre condicionada a la disponibilidad presupuestal y evaluación del impacto en los derechos políticos de los mexicanos.
