En comunidades del sur de Texas, migrantes viven bajo un clima constante de temor que los ha llevado a encerrarse en sus hogares, evitando salir incluso para situaciones tan básicas como acudir a citas médicas. El miedo proviene de la intensificación de las redadas y deportaciones ordenadas por el gobierno estadounidense, que busca expulsar a un millón de inmigrantes para finales de 2025. Esta campaña ha generado gran inseguridad, incluso en personas que llevan décadas residiendo en la región.
Muchos migrantes, como Juanita, una madre prediabética que cuidaba a su hija con síndrome de Down, han evitado surtir medicamentos esenciales por temor a ser capturados por agentes federales, quienes patrullan lugares como farmacias, hospitales e iglesias. Estas “colonias”, conformadas por casas móviles y precarias, se han convertido en espacios de aislamiento para quienes temen exponerse al riesgo de detención.
En la región del Valle del Río Grande, una de las más pobres y con mayores necesidades de atención médica, este ambiente de miedo afecta la salud y bienestar de estas poblaciones vulnerables. Los operativos incluyen la revisión de bases de datos federales para identificar a personas indocumentadas, aumentando la sensación de amenaza en la comunidad.
Las familias migrantes enfrentan un dilema entre buscar atención básica y protegerse de la deportación, mientras organizaciones y defensoras de derechos humanos alertan sobre el impacto humanitario de estas políticas. La crisis refleja una profunda tensión en el manejo migratorio de Estados Unidos, que afecta directamente a miles de personas que viven con incertidumbre y peligrosa inseguridad en Texas.
