La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma histórica impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que busca garantizar un sistema de pensiones digno para los policías municipales de los 59 ayuntamientos del estado. La iniciativa pretende establecer un marco legal que permita proteger los derechos laborales del personal de seguridad municipal, ofreciendo una jubilación justa basada en años de servicio o edad, así como acceso a capacitación continua y mejoras salariales.
Esta propuesta responde a una deuda histórica, dado que los policías municipales en la entidad no contaban con un esquema formal de pensión ni seguridad social, lo que afectaba la estabilidad y bienestar de quienes arriesgan su vida diariamente por la seguridad ciudadana. La reforma también respeta la autonomía de los municipios para definir sus esquemas de pensión conforme a sus capacidades financieras, y establece que los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor sean respetados, con opción a incorporarse al nuevo sistema.
Además de garantizar la jubilación, el plan contempla mecanismos para fortalecer la profesionalización y la permanencia de los cuerpos policiales, considerados la primera línea de defensa en la seguridad pública. Para financiar estas nuevas prestaciones, se plantea que los recursos provengan de fondos federales específicos destinados a los municipios.
Con esta aprobación en primera instancia, San Luis Potosí estaría entre las primeras entidades en México en contar con un sistema integral de pensiones para policías municipales, representando un avance significativo en la dignificación del servicio público y en el reconocimiento de quienes protegen a la sociedad.
El gobernador Gallardo expresó confianza en la pronta aprobación definitiva de la ley, destacando que esta reforma es una medida justa, necesaria y estratégica para la seguridad del estado y el bienestar de sus elementos policiacos. La iniciativa marca un precedente que podría impulsar a otras entidades a adoptar políticas semejantes en favor de sus cuerpos policiales.
