MRS / Revista Punto de Vista / 22 de agosto 2025
En México hay dos tragedias que avanzan como ríos subterráneos y que, al encontrarse, forman una tormenta imposible de contener: la desaparición de personas y el colapso del sistema de justicia. No son problemas aislados, son crisis que se retroalimentan. Mientras más desaparecidos hay, más queda en evidencia la incapacidad judicial; y mientras más se hunde la justicia, más terreno fértil se abre para nuevas desapariciones.
El dato oficial golpea sin anestesia: más de 125 mil personas desaparecidas hasta 2025. Detrás de esa cifra se esconden nombres, rostros, historias inconclusas. Cada día, 47 familias inician una búsqueda desesperada, muchas veces sin mapa ni brújula, porque el Estado —ese que debería ser su aliado— se ausenta, se esconde o, peor aún, se convierte en cómplice silencioso.
La mitad de esas desapariciones ocurrieron en apenas una década. ¿Qué nos dice eso? Que estamos frente a una crisis de derechos humanos que no se detiene, que se agudiza año con año, como un incendio al que nadie quiere echarle agua. En lugar de soluciones, lo que abundan son discursos huecos, promesas incumplidas y fotos oficiales donde los responsables posan con familiares de víctimas, mientras detrás del telón las carpetas de investigación se empolvan.
Lo más doloroso no es solo la ausencia del ser querido, sino la segunda desaparición: la de la justicia. El sistema judicial mexicano se ha convertido en un muro que no protege, sino que estorba. Ministerios públicos que no investigan, jueces que se cruzan de brazos, fiscalías atadas de manos y gobiernos que prefieren maquillar cifras antes que enfrentar la realidad. En esa indiferencia institucional se incuban nuevas violencias.
No nos engañemos: la impunidad es combustible. Mientras nadie investigue ni castigue, la desaparición seguirá siendo un delito rentable. El mensaje es claro: en México se puede desaparecer a una persona y no pasa nada. La justicia no aparece ni cuando la buscan.
De poco sirven comisiones de búsqueda sin presupuesto, fiscalías sin independencia o tribunales sin credibilidad. Lo que se necesita es una respuesta integral que asuma de una vez que no habrá paz mientras las familias sigan buscando solas a sus desaparecidos, y no habrá justicia mientras el Poder Judicial permanezca en ruinas.
En este país, las familias salen con palas y picos a rastrear la tierra, mientras las instituciones apenas mueven un dedo. Es una imagen brutal: madres y padres escarbando fosas clandestinas, al mismo tiempo que funcionarios se escudan en trámites y excusas. México no puede seguir normalizando esta doble tragedia: la de los desaparecidos y la de un Estado que, con su inacción, también desaparece.
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