Hoy lunes, Enrique Galindo Ceballos presentará su primer informe de gobierno como alcalde de la capital potosina. El evento se plantea como una vitrina política en la que se buscará mostrar avances y logros de su administración. Sin embargo, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia diaria de los ciudadanos es cada vez más amplia, al grado de que la ciudad que se describirá en el informe parece existir sólo en la narrativa del presidente municipal.
La crisis del agua es, quizá, el problema más grave y evidente. Colonias enteras sufren semanas sin abastecimiento regular, obligando a las familias a gastar en pipas y sistemas alternativos de almacenamiento. Las soluciones estructurales que se han prometido en repetidas ocasiones siguen sin materializarse, y lo que predomina es la improvisación y la falta de una estrategia integral para garantizar el derecho al acceso al agua.
En materia de seguridad, los potosinos enfrentan diariamente robos, asaltos y hechos violentos. Aunque el informe seguramente hablará de programas de prevención y coordinación interinstitucional, la percepción ciudadana es clara: las calles no son seguras y la confianza en la policía municipal es baja. Este contraste entre cifras oficiales y la vida cotidiana genera un ambiente de desconfianza hacia la administración.
El deterioro urbano es otro tema que resulta imposible ocultar. Los baches, las luminarias apagadas, la basura acumulada y el abandono de espacios públicos muestran una ciudad descuidada. En lugar de atender lo básico, el gobierno municipal ha optado por privilegiar obras de impacto mediático que generan más propaganda que soluciones de fondo.
La administración de Galindo también ha sido señalada por prácticas de corrupción y opacidad. Contratos cuestionables, licitaciones poco claras y una nómina con funcionarios caros pero poco eficaces han alimentado las críticas. La tragedia del antro RICH es un recordatorio doloroso de la falta de supervisión municipal: la respuesta tardía y evasiva del ayuntamiento frente a ese hecho exhibió la fragilidad institucional y la falta de capacidad de reacción en situaciones de emergencia.
Mientras los problemas estructurales se acumulan, el alcalde ha destinado millones de pesos a su promoción personal y a viajes al extranjero bajo el argumento de gestiones políticas. Estos recursos, que podrían haberse invertido en servicios básicos, han servido más para sostener una narrativa de éxito que no se corresponde con lo que los capitalinos viven día a día. Al mismo tiempo, sus colaboradores más cercanos, designados más por compromisos políticos que por méritos técnicos, han demostrado ser costosos e ineficaces, generando burocracia y alejando aún más al gobierno de la ciudadanía.
El amiguismo y los favores políticos siguen marcando la dinámica interna del ayuntamiento. Cargos estratégicos ocupados por personas sin experiencia ni preparación adecuada han debilitado la capacidad institucional del municipio, frenando proyectos importantes y reforzando la percepción de que se gobierna para un grupo reducido y no para el conjunto de la ciudad.
En este contexto, el primer informe de gobierno corre el riesgo de convertirse en un acto de autoelogio más que en un ejercicio de rendición de cuentas. La ciudad no necesita propaganda, necesita soluciones reales. Reconocer la magnitud de la crisis y plantear un cambio de rumbo sería un signo de responsabilidad política. No obstante, todo indica que el discurso estará centrado en una versión idealizada de San Luis Potosí, que se aleja de la realidad que enfrentan los ciudadanos.
El reto para Enrique Galindo Ceballos es entender que gobernar no es construir narrativas ni administrar la imagen personal. Gobernar es responder a los problemas concretos de la población, garantizar servicios básicos, atender la seguridad, ofrecer infraestructura digna y actuar con transparencia. Mientras esa visión no se asuma, San Luis Potosí seguirá atrapado entre el discurso oficial y una realidad que se impone todos los días en las calles.
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