Por más técnica que parezca la decisión de la Comisión del Agua del Congreso del Estado de autorizar un incremento de hasta 3.25% en las tarifas de los organismos operadores, lo cierto es que esta medida revela una vieja práctica legislativa: usar las necesidades de infraestructura como pretexto para cargar otra vez el costo de la ineficiencia pública sobre los ciudadanos.
En teoría, el argumento suena razonable: se requiere dinero para obras pluviales, los organismos están quebrados y el índice inflacionario no basta para compensar sus gastos. Pero en los hechos, el aumento se autoriza sin que haya una rendición de cuentas clara sobre cómo han manejado los recursos anteriores ni una evaluación del desempeño de los 21 organismos operadores del estado, muchos de los cuales arrastran deudas, fugas de agua, redes colapsadas y cobros irregulares.
El problema no es el 3.25%, sino el contexto: mientras se discute cómo subir tarifas, nadie discute cómo mejorar la eficiencia. El director local de Conagua lo dijo con sutileza —que los alcaldes deben colaborar más con sus organismos operadores—, pero el fondo del mensaje es claro: el problema no es financiero, sino de gestión.
Que el Índice Nacional de Precios al Productor haya sido negativo (-0.82%) y aun así se haya decidido aplicar una tasa positiva del 3.25% “para ayudar a los organismos” muestra la lógica inversa que domina la política del agua: cuando el indicador baja, se sube la tarifa. Se legisla no con base en la realidad económica, sino en la conveniencia burocrática.
Aún más revelador es el lenguaje técnico con que se disfraza el abuso: “prototipo de decreto”, “enriquecer la propuesta”, “ordenar el proceso”. Palabras huecas que suenan a participación ciudadana, pero que en realidad solo maquillan una decisión ya tomada. El supuesto diálogo con los organismos operadores no es más que una cortesía administrativa.
Mientras tanto, los usuarios siguen pagando por un servicio irregular, con cortes constantes, fugas interminables y obras que no se ven. Los organismos operadores reclaman que no tienen recursos, pero pocos se atreven a revisar cuánto gastan en nómina, asesores, vehículos o contratos de dudosa utilidad.
El Congreso del Estado, una vez más, juega el papel de facilitador del incremento, no de contrapeso. Su función no debería ser ajustar tarifas al gusto de los organismos, sino garantizar que el dinero público —y el de los ciudadanos— se traduzca en agua limpia, eficiente y accesible.
Porque el agua no es un negocio, aunque algunos la administren como si lo fuera.
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