San Luis Potosí, S.L.P. — En la entidad, la Ley Olimpia representa un avance significativo en el reconocimiento y sanción de la violencia digital y mediática contra las mujeres, aunque su aplicación aún deja fuera algunas de las agresiones más comunes en el entorno virtual, advirtió la abogada especialista en género Raquel Charqueño.
“No es una ley única, sino un conjunto de reformas legales que buscan proteger el derecho a la intimidad, la privacidad y la dignidad de las mujeres”, explicó la jurista.
Inspirada en el caso de la activista Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión no consentida de un video íntimo, la legislación fue incorporada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal del Estado. En San Luis Potosí, la norma castiga con penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 UMA a quien difunda, comparta o publique contenido íntimo sin consentimiento.
Charqueño precisó que la ley se enfoca en la difusión de material sexual no autorizado, pero no contempla sanciones frente a otras formas de violencia digital, como el ciberacoso, la difamación sistemática o los discursos de odio en redes sociales, donde persisten agresiones misóginas y sexistas.
Las víctimas pueden denunciar ante la Fiscalía General del Estado, en la Unidad de Delitos Cibernéticos o en la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, y solicitar medidas de protección inmediatas, como el retiro de contenido, la restricción de contacto o la intervención de plataformas digitales.
Sin embargo, la especialista alertó sobre vacíos en la implementación: “El principal problema surge cuando los agresores no son identificables. Las denuncias se enfrentan a perfiles falsos o automatizados, y ni las plataformas ni el Estado asumen una responsabilidad clara”.
Recordó que no existen políticas públicas ni herramientas tecnológicas suficientes para rastrear las estructuras digitales desde las que se originan las agresiones, lo que deja a las víctimas en un “vacío legal”.
“Sí hay un avance con la Ley Olimpia, pero no es suficiente. Falta una política integral que reconozca la complejidad de la violencia digital y mediática. El Estado debe actuar con creatividad y compromiso para garantizar que el entorno digital también sea un espacio seguro para las mujeres”, concluyó.
