En San Luis Potosí se libra un nuevo capítulo de fuego cruzado político. El exdirector de Protección Civil Municipal, Adrián Cortázar Ruiz, no se fue en silencio tras su destitución: decidió exponer con nombre y apellido lo que, según él, se vive dentro del gobierno que encabeza Enrique Galindo Ceballos. Sus declaraciones, difundidas en redes, no son menores: habla de corrupción estructural, de órdenes directas desde la presidencia municipal para autorizar negocios irregulares y de una maquinaria política que —bajo el discurso de la legalidad— manipula los mecanismos de seguridad ciudadana.
Cortázar sostiene que durante su gestión se encontró con una dependencia debilitada, sin criterio técnico, sometida a presiones políticas y a favores personales. Menciona casos concretos: una guardería operando con documentos falsos y materiales químicos peligrosos, bares y casinos con permisos “exprés”, y giros rojos que jamás debieron abrir sus puertas. Todo —según sus palabras— avalado por instrucciones de presidencia y bajo la mirada complaciente de mandos policiales como el comisario Villa.
De confirmarse, estaríamos ante un escenario alarmante: el desmantelamiento institucional de la prevención civil, convertida en una oficina decorativa al servicio de los amigos del poder. Y si las acusaciones resultan falsas, entonces la gravedad es doble: se estaría usando la figura de la denuncia para saldar cuentas políticas. En cualquiera de los dos casos, el daño a la confianza pública ya está hecho.
El alcalde Galindo, un ex policía federal que ha hecho de la “honestidad” su bandera, enfrenta ahora una prueba mayor que los spots o los eventos públicos pueden maquillar. Si calla, otorga. Si responde, tendrá que hacerlo con documentos y no con discursos. Porque en una administración donde la seguridad es el estandarte, no hay espacio para la simulación ni para la corrupción disfrazada de gestión eficiente.
Lo dicho por Cortázar Ruiz no es solo una denuncia personal; es un espejo que refleja la forma en que el poder local puede manipular incluso los protocolos más sensibles, como los que protegen vidas humanas. En tiempos donde la transparencia se mide en declaraciones y no en resultados, este escándalo vuelve a recordarnos que el verdadero riesgo para San Luis no está en las emergencias naturales, sino en las políticas.
El fuego cruzado apenas comienza. Y esta vez, no se apaga con comunicados.
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