San Luis Potosí, México. — Durante septiembre, el delito de narcomenudeo en la capital potosina aumentó 58.4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El repunte encendió la polémica luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos asegurara que el tema “no es competencia estrictamente municipal”, argumentando que la atención de este delito “corresponde a los tres órdenes de gobierno”.
Sin embargo, su postura fue cuestionada por especialistas, quienes señalan que, si bien el alcalde tiene razón en parte, el municipio no está exento de responsabilidad en la prevención y control del narcomenudeo.
El narcomenudeo, por su naturaleza, es un delito de competencia concurrente, lo que significa que puede ser atendido por autoridades federales, estatales o municipales, según la magnitud del caso. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Fiscalía General de la República (FGR) realizan las investigaciones de fondo, las corporaciones municipales sí pueden intervenir en hechos flagrantes o que afecten el orden público, de acuerdo con la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
Más allá del marco jurídico, el municipio representa la primera línea de contacto con la ciudadanía. La Policía Municipal es la encargada de patrullar, atender reportes vecinales y detectar actividades ilícitas en colonias, tianguis y parques. Por ello, deslindarse totalmente de esta responsabilidad debilita la estrategia local de seguridad.
Mientras la administración de Galindo celebra la disminución de robos y homicidios, el auge del narcomenudeo revela una falla en el control territorial y en las políticas de proximidad ciudadana.
Sin embargo, el aumento del narcomenudeo y la extorsión, que creció más del 32 por ciento en el último año, contradicen esa percepción. La brecha entre la sensación de seguridad y la realidad estadística muestra que los problemas de fondo no se resuelven con encuestas, sino con acciones sostenidas.
En San Luis Potosí, la lucha contra el narcomenudeo sigue siendo un reto que empieza en lo local. Deslindarse bajo el argumento de competencia legal deja un vacío operativo que afecta directamente la vida cotidiana de los potosinos.
