JCCN /Revista Punto de Vista / 29 de octubre 2025
En San Luis Potosí, algo profundamente injusto está ocurriendo: cada vez más personas tienen que acudir a los tribunales para conseguir lo que debería ser un derecho elemental, la atención médica. No se trata de caprichos ni de casos aislados. Son padres, madres, trabajadores, jubilados y niños que enfrentan la enfermedad con el miedo añadido de no ser atendidos por el sistema que supuestamente los protege.
Los números lo confirman. En 2024, el IMSS acumuló 85 quejas administrativas por mala atención médica en la entidad, casi un 40 % más que el promedio de los últimos años. El ISSSTE, por su parte, duplicó sus denuncias ante la CNDH respecto a 2022. Pero detrás de esas cifras hay historias que duelen: pacientes esperando una cirugía que nunca llega, enfermos de cáncer sin medicamentos, o personas que, literalmente, deben conseguir un amparo judicial para recibir una cama de hospital.
El colapso no es nuevo, pero se ha vuelto más descarado. Los juzgados federales están llenos de expedientes donde los ciudadanos suplican, con papeles en mano, que se cumpla una sentencia que ordena atenderlos. Y aun así, ni los fallos judiciales son suficientes. “Ni siquiera con un amparo en mano te atienden”, dice una paciente del IMSS. Esa frase debería ser una alarma nacional. Habla de un Estado que no sólo falla en su deber, sino que desobedece al poder judicial sin consecuencia alguna.
El deterioro del sistema de salud pública no solo es administrativo: es moral. ¿Cómo puede un país que presume de avances sociales permitir que un enfermo tenga que pelear legalmente por una quimioterapia? ¿Cómo explicar a una madre que su hijo no recibe un medicamento porque “no hay presupuesto” mientras los hospitales se hunden entre burocracia y desidia?
Lo más grave es la normalización de la indiferencia. Los ciudadanos ya no se sorprenden de que falten doctores o medicinas; se acostumbran. Los funcionarios que deberían dar la cara, repiten discursos sobre modernización o nuevas clínicas, pero las cifras y los testimonios los contradicen. En la práctica, la salud pública se ha convertido en un sistema donde sobrevive quien grita más fuerte, quien tiene contactos, o quien logra un amparo.
La salud no debería depender de un juez. El acceso a la atención médica está consagrado en la Constitución, pero en San Luis Potosí —como en gran parte del país— se ha vuelto un privilegio que se conquista con demandas, oficios y esperas interminables. Mientras tanto, los hospitales se vacían de humanidad y se llenan de papeles.
Es momento de exigir algo más que disculpas o promesas. No se trata solo de presupuesto, sino de voluntad. Porque un Estado que abandona a sus enfermos deja de ser un Estado de derecho. Y cuando los ciudadanos tienen que ganar su salud en los tribunales, es señal de que el sistema ya está enfermo, quizá más que sus propios pacientes.
jccruzn@revistapuntodevista.com.mx
