San Luis Potosí, México.- El Congreso del Estado no tiene facultades constitucionales ni legales para someter al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a un juicio político, y cualquier intento en ese sentido implicaría una violación directa a la autonomía universitaria, advirtió el presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), capítulo San Luis Potosí, Jorge Chessal.
“Si los diputados votaran la destitución del rector, estarían violando la autonomía universitaria”, señaló de manera categórica.
Chessal explicó que para que el Congreso pudiera iniciar un juicio político contra el rector, sería necesario “desconocer la naturaleza jurídica de la universidad”, la cual fue reconocida desde el gobierno de Rafael Nieto, en la década de 1920. Intentar intervenir en la elección o remoción de autoridades universitarias sería una intromisión sin precedente histórico y completamente contraria al marco jurídico vigente.
Recordó que el Artículo 3º de la Constitución Federal establece que las universidades que prestan educación superior “son autónomas y tendrán autonomía”, mientras que la Constitución del Estado refuerza este reconocimiento al señalar que la UASLP es plenamente autónoma en su régimen interno, gobierno y funcionamiento.
Asimismo, la Ley Orgánica de la UASLP desarrolla estos principios y confirma la independencia de la institución en todos los aspectos de su vida interna.
“Está reconocida la autonomía, está reconocida la forma de gobierno, está reconocida la independencia que tiene la UASLP para poder actuar”, enfatizó el abogado.
Chessal fue claro al reiterar que el rector no es un servidor público, y por tanto no es sujeto de juicio político, ni conforme a la Constitución estatal, ni a la Constitución Federal.
“No hay manera constitucionalmente posible que permita que esto pueda suceder”, subrayó.
La postura de la Barra Mexicana de Abogados se suma a voces académicas y jurídicas que han pedido al Congreso evitar cualquier acción que vulnere la autonomía de la universidad y que respete los límites legales que rigen la relación entre el Poder Legislativo y la UASLP.
