San Luis Potosí, México.- En una decisión que deja más dudas que respuestas, diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología desecharon por “improcedente” la iniciativa que buscaba crear una Comisión Especial para investigar las irregularidades del fideicomiso Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino, perteneciente a la Sección 26 del SNTE. El rechazo ocurre pese a que miles de maestras y maestros jubilados llevan años denunciando opacidad, malos manejos y falta de claridad en el destino de sus recursos.
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que este desechamiento “cumple” con una sentencia del amparo en revisión 16/2025, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa. Según explicó, el tribunal ordenó emitir un nuevo dictamen “más robusto”. Sin embargo, el resultado fue volver a desechar la iniciativa originalmente propuesta en la Legislatura pasada, sin ofrecer un mecanismo que permita conocer qué ocurrió realmente con el fondo magisterial.
De acuerdo con el dictamen, el Congreso argumenta que es “notoriamente improcedente” investigar el fideicomiso porque no tiene facultades para hacer comparecer al Comité Técnico del FOPRESyR26, al no ser este un órgano público. También afirma que la fiscalización de cuentas corresponde al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), y no al propio Poder Legislativo.
Los diputados añadieron que tampoco tienen facultades para perseguir delitos, ni para ordenar un bono de calidad de vida en el presupuesto, como planteaba la iniciativa. Con estos argumentos, concluyeron que crear la comisión especial sería una intromisión en un fondo “privado”.
Sin embargo, la decisión genera cuestionamientos:
Si el Congreso no puede investigar, ni fiscalizar, ni solicitar información, ¿quién debe entonces resolver las denuncias de jubilados que señalan presuntos malos manejos en un fondo que administró dinero aportado durante décadas? ¿Por qué, a pesar de la instrucción judicial de fortalecer el dictamen, se optó por desechar nuevamente la propuesta sin ofrecer una ruta alternativa de transparencia?
El propio diputado Arreola Mallol defendió el desechamiento al afirmar que “no tenemos facultades para auditar un fondo privado” y que sería “gravísimo” intentar hacerlo. Aseguró que la resolución será notificada al juzgado y que atenderán cualquiera de sus instrucciones, insistiendo en que se trata de un acto de “equilibrio de poderes”.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso, donde se votará formalmente. Mientras tanto, las maestras y maestros jubilados de la Sección 26 continúan sin una investigación clara, sin responsables identificados y sin transparencia sobre el manejo del fideicomiso que resguarda los recursos de su retiro.
