Ciudad de México, México. Un reciente informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional ubicó a México entre los países con mayores niveles de criminalidad en el mundo, al destacar la presencia de mercados ilícitos dominados por grupos delictivos de gran alcance.
De acuerdo con la tercera edición del Índice Mundial de Delincuencia Organizada, el país aparece en el primer lugar en la categoría de “mercados criminales”, con una puntuación de 8.27 en una escala de cero a 10. Este indicador evalúa actividades como tráfico de personas, extorsión, tráfico de armas, comercio de productos falsificados y otros delitos que conforman la estructura económica del crimen organizado.
El estudio también coloca a México en la tercera posición global en criminalidad, con un puntaje de 7.8, solo por debajo de Myanmar y Colombia. Según el reporte, el panorama criminal mexicano “está dominado por poderosos grupos”, entre ellos los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones involucradas en actividades como tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y venta ilegal de combustibles.
El documento subraya que los cárteles cuentan con una estructura operativa tan amplia que su fuerza laboral es comparable a la de las mayores corporaciones del país, lo que demuestra su profunda inserción en la vida social y económica. Además, señala que su capacidad de control sobre ciertas prisiones refleja su influencia dentro de instituciones estatales.
En la sección de liderazgo y gobernanza, el informe reconoce que persisten serios desafíos en materia de seguridad. Aunque el Gobierno mantiene una “postura pública firme” frente al crimen organizado, advierte que la militarización de la seguridad pública, especialmente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, otorgó un papel predominante a las fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos y afectaciones a la gobernanza democrática.
El estudio destaca que, si bien se han impulsado acciones contra la corrupción, el país continúa enfrentando altos niveles de impunidad y falta de transparencia. También advierte que la nueva modalidad de elección de jueces, derivada de la reforma al Poder Judicial, ha despertado inquietud por el riesgo de interferencia del crimen organizado en este proceso.
